En concreto, acusa de un posible delito de "interrupción de culto" recogido en el artículo 523 del Código Penal y considera que los policías que llevaron a cabo dichas operaciones "actuaron cumpliendo sus instrucciones".
La primera de las actuaciones tuvo lugar el pasado 22 de marzo en la Catedral de Valladolid. Las siguientes, han sido este pasado fin de semana en la parroquia de San Servando y San Germán, en el barrio gaditano de La Laguna; en una iglesia evangélica en Murcia; y en la azotea de un edificio del barrio sevillano de Triana.
Por ello, Abogados Cristianos ha presentado cuatro denuncias en los juzgados de guardia de las provincias de Valladolid, Cádiz, Sevilla y Murcia, según han asegurado a Europa Press desde la asociación.
Abogados Cristianos ha explicado que el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma dice en su artículo 11: "La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro".
Además, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, defiende que en el Real Decreto hay un anexo "en el que se detalla de forma exhaustiva la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida, entre las que no se encuentran las iglesias u otros lugares de culto análogos".
Castellanos ha asegurado que estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar estos días "son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista". "Se trata de una persecución religiosa", ha criticado.
"La reiteración evidencia que no es algo casual. El Gobierno está aprovechando el estado de alarma para acabar con la libertad religiosa", ha sentenciado la presidenta de Abogados Cristianos.