A finales de los años 90 el Gobierno autonómico del Partido Popular en Castilla y León se sumaba a la ola de apoyo a las energías renovables impulsada por Europa aprobando diversas normativas para fomentar la creación de parques eólicos. Y en el año 2000 se abría la barra libre de solicitud de parques al aprobarse de forma definitiva el Plan Eólico autonómico y la ordenación eólica de cada provincia, que provocaba una cascada de peticiones de empresas para hacerse con parte del pastel eólico. El 26 de abril del año 2000 se publicaba en el Bocyl el documento en el que la Junta 'programaba' el futuro eólico de la provincia de León.
Hoy, 17 años después, la energía eólica se encuentra en el ojo del huracán por la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra 21 personas, incluidos exaltos cargos de la Junta, por formar presuntamente una trama para adjudicar parques eólicos a cambio de comisiones. Las investigaciones elevan la cifra pagada por estos presuntos 'chanchullos' a más de 80 millones de euros. Que se sepan de momento, puntualiza la Fiscalía al elevar el escrito de imputación a los juzgados para que siga investigando. Una investigación que además de levantar una importante polvareda política ha sembrado de sospecha todas las adjudicaciones eólicas de la Junta.
Pero el sector eólico arrastra desde su 'boom' a principios de siglo graves problemas con la Justicia. Varios e importantes proyectos eólicos han sido anulados en los tribunales en los último años -como los parques Peña del Gato, Quintana o La Espina en la provincia de León- tras ser denunciados por colectivos ecologistas por diversas irregularidades en su tramitación o no respetar la normativa ambiental vigente. Pero también la industria eólica se ha asentado en la provincia con importantes factorías aunque también sonoros fracasos en estos años de 'boom' eólico.
Parques eólicos ilegales por doquier
En los últimos años los parques eólicos de la provincia de León han estado en la picota judicial por varias sentencias de anulación de muchas de las autorizaciones de la Junta, sobre todo de los parques vinculados al nudo de Villameca, donde evacuaban la energía los autorizados en Omaña, Cepeda y Bierzo Alto. Diversos colectivos ecologistas llevaron estas autorizaciones a los tribunales por entender que afectaban a zonas de alto valor ecológico y que su tramitación administrativa estaba plagada de irregularidades.
Dos de los más grandes en funcionamiento en la provincia se encuentran actualmente anulados por los tribunales por sentencia firme, Peña del Gato y La Espina. Pero mientras se dirime si se deben desmantelar estas instalaciones cuyas autorizaciones han sido declaradas nulas, la Junta maniobra para intentar subvertir las sentencias del Supremo y que los parques eólicos sigan en funcionamiento. Peña del Gato lleva funcionando casi siete años ya de forma ilegal aunque el Gobierno autonómico del PP insiste en su legalización pese a las sentencias en contra por su afección al hábitat del urogallo.
Mientras se acumulan sentencias en contra de los parques eólicos de la provincia, la Junta ha mantenido la aprobación de nuevos parques. La autorización más llamativa de las últimas ha sido la de un enorme aerogenerador, experimental, en lo alto del puerto de Pajares que medirá el triple que la Catedral de León. El ya conocido como 'telarón' se ubicará en una zona calificada como de 'sensibilidad medioambiental alta' y con varias categorías de protección, lo que sin embargo no ha impedido que la Delegación Territorial de la Junta en León le diera el visto bueno.
La trama denunciada por Anticorrupción
El otro asunto polémico en torno a los parques eólicos es la investigación que la Fiscalía Anticorrupción ha enviado a un juzgado de Valladolid por la llamada 'trama eólica', una presunta concertación en la Junta para la adjudicación de parques eólicos a cambio de millonarias comisiones.
La Fiscalía Anticorrupción pone de ejemplo de las presuntas comisiones lo sucedido con las autorizaciones de 16 parques eólicos de la provincia de León
En la querella de Anticorrupción figuran de forma inicial 21 personas y un cálculo de comisiones de alrededor de 80 millones de euros pero, advierte el escrito, faltan personas por identificar y las pesquisas y comisiones rogatorias a Suiza y Mónaco podrían desvelar más nombres que resulten imputados. Un informe de la Agencia Tributaria elaborado hace tres años dio pie al inicio de las pesquisas que ahora se convertirán en una causa que podría suponer el mayor escándalo de corrupción conocido en Castilla y León.
Los dos mayores implicados son dos exaltos cargos de la Junta bajo las órdenes del exconsejero Tomás Villanueva, su exviceconsejero Rafael Delgado y Alberto Esgueva. La estrategia consistía en obligar a las promotoras eólicas a traspasar paquetes accionariales, a través de diversas empresas, a manos de empresarios amigos, que una vez que tenían la autorización se vendían con jugosos beneficios ficticios. Unas operaciones que para Anticorrupción eran una forma de pago de comisiones.
Según la Fiscalía Rafael Delgado adjudicó el 71% de los parques eólicos entre 2005 y 2015 mediante una avocación de competencias que según un informe de la Intervención General del Estado sería ilegal. Esa maniobra habría permitido a Delgado controlar los tiempos de las adjudicaciones a su interés.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, se citan varios casos de parques eólicos de la provincia de León afectados por la operativa de Delgado, hasta un total de 16. Así habría ocurrido con los parques eólicos Curueña I y II, Salce, Villabandín I y II (todos en el nudo de Villameca), solicitados inicialmente por la empresa Cannon Power España y que acabaron en manos de Iberdrola y socios como los dueños de la constructora Collosa. Sólo una vez que las acciones fueron traspadas estos parques eólicos obtuvieron la pertinente autorización. A mayores la Fiscalía considera que los derechos de solicitud de los parques de la provincia de Posada de Omaña, Barrio de la Puente y Cirujales también tuvieron que ser traspasados para poder seguir con la tramitación de autorización.
El parque eólico Argañoso, ubicado entre Santa Colomba de Somoza y Lucillo, también fue objeto de las maniobras de Delgado según Anticorrupción. Las promotoras iniciales del parque, Ider y Gamesa, tuvieron que venderlo para poder obtener autorización para otros cuatro parques eólicos de la provincia (Era del Pico; Cerro Becerril; El Pedrón y La Mallada). Tras vender Aragoñoso a una empresa afín a los ideólogos de la trama llegaron las autorizaciones del resto.
Otra sociedad, HN Generación, había solicitado autorización en el año 2002 para tres parques eólicos en la zona de Sahagún/Cea -La Cueza, Valdecarrión y Valdeperondo-. Estos proyectos fueron paralizados por Rafael Delgado, según el escrito fiscal, por no tener socios locales. En el 2004 la empresa se vendió a una filial de Iberdrola, que los traspasó luego a una participada -Energía Global Castellana- en la que tenían acciones empresarios afines como el cargo de la Junta Alberto Esgueva a través de San Cayetano Wind. Son sólo algunos de los ejemplos que cita la Fiscalía para solicitar las imputaciones de 21 personas, entre exaltos cargos y empresarios, a los que atribuye diversos delitos como prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias.
Y en la investigación sobresale, como no, un nombre leonés citado como testigo clave de toda la operativa, Ricardo González Mantero. El director de Energía y Minas de la Junta, en ejercicio desde el 2005, declaró en la Fiscalía el 26 de enero de este año y responsabilizó a Rafael Delgado de las actuaciones cuya legalidad cuestiona la acusación del Estado.