La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico informa que el TSJCyL declara ilegal la caza de 339 lobos que autorizó la Junta de Castilla y León entre el 2019 y el 2022.
Desde la asociación indican que la sentencia implica "el fin de un período ambiental trágico, por empecinamiento de la Junta de Castilla y León que desde el año 2008 atendiendo a intereses particulares autorizó matar 1.847 lobos como única herramienta de gestión. El Consejero J. C. Suárez-Quiñones, el Director General del Medio Natural J. A. Arranz y todos los que han ignorado la importancia ecológica del lobo y su desfavorable e inadecuado estado de conservación, por un vulgar mercadeo de votos, vuelven a quedar en ridículo una vez más". Añades, asimismo, que "es incuestionable el daño causado por la muerte por caza de 124 lobos en Castilla y León durante las dos temporadas cinegéticas del período 2019-2021, así como los 1.847 lobos autorizados para ser matados desde 2008 hasta 2022, y por eso, la especie está en estado de conservación desfavorable para toda España, por culpa de la Junta".
También exponen que "es incuestionable que la JCyL acumula un increíble relato de fracasos en 16 años de decisiones judiciales en su contra: (1) Primer plan de gestión del lobo, aprobado en 2008; (2) Cupos de caza de 129 de lobos de la temporada 2010-2011; (3) Cupos de caza de 143 de lobos de la temporada 2011-2012; (4) Segundo plan de gestión del lobo, aprobado en 2016; (5) Cupos de caza de 143 lobos de la temporada 2015-2016; (5) Suspensión cautelar que impedía la caza de 143 lobos en la temporada 2018-2019; (6) Sentencia del TJUE C-443/22 sobre la caza de 339 lobos entre 2019-2022; (7) la presente Sentencia".
Es "difícil", dicen, "encontrar un gobierno con trayectoria ambiental tan negativa, y un triste e inaceptable despilfarro de dinero público empleado contra nuestra biodiversidad". Por eso, desde ASCEL solicitan que "los responsables de la pésima e irresponsable gestión del lobo en Castilla y León asuman, en primer lugar, su responsabilidad en haber aprobado matar centenares de lobos (los últimos 124 ejemplares, a raíz de dicho Plan de caza entre 2019-2022), y en segundo lugar, reconozcan su deuda con los ciudadanos por mentir sistemáticamente sobre el estado de conservación del lobo (desfavorable e inadecuado, como le han tenido que recordar desde el TJUE y el TSJCyL). Hecho esto, posteriormente, deberían dimitir, dejando paso a otros responsables con mayor talla ética e intelectual, menos sectarios, más preparados y mejor capacitados.
ASCEL, asociación garante de la conservación del lobo en España, lleva luchando desde su creación en 2000 para que los lobos sean una especie protegida y su gestión se cimente en base a su importancia ecológica, como sucede con otras especies (osos pardos, linces ibéricos, etc.). Aseguran que "nos complace haber contribuido al fin de una época en la cual algunas administraciones regionales gestionaban al lobo como si no fuese una especie necesaria en España, como si su importancia estuviese siempre supeditada a los intereses de unos sectores eminentemente perjudiciales para la conservación de la biodiversidad y para nuestro futuro. No hay futuro en Castilla y León si no se respeta el patrimonio natural de todos y si no se antepone éste a los intereses económicos de aquellos que, teniendo ganado, se empeñan repetidamente en no cuidar adecuadamente el mismo, incumpliendo la Ley de forma sistemática".