El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, reitero este miércoles en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, presidida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, sus discrepancias con el Gobierno respecto a la gestión del lobo y los incendios forestales.
Además, también denunció que el cambio de criterio respecto de las conferencias sectoriales de años anteriores motiva que, aunque las asignaciones iniciales resulten sensiblemente parecidas, las transferencias finales se alejen mucho de las habituales en el caso de Castilla y León, ya que en relación a las Áreas de influencia socioeconómica (AIS) de parques nacionales, por ejemplo, se reducen a la mitad.
Según el consejero, esto es debido al diferente tratamiento dado a los remanentes de años anteriores o procedentes de cantidades no justificadas de las asignadas a otras comunidades, de las que Castilla y León se beneficia al justificar todas las actuaciones y obtener, por ello, esos fondos suplementarios.
En el caso de Castilla y León, la repercusión de este cambio de criterio es “más grave”, toda vez que los fondos del lobo que se acordaron en 2022 no fueron transferidos de forma efectiva a esta Comunidad hasta el 2023, lo que hace imposible justificar el gasto en 2022, cuestión que ha trasladado el Gobierno autonómico, según explicó Suárez-Quiñones.
42,4 millones para Castilla y León
En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente se ha ratificado un reparto territorial de 481,1 millones de euros para diversas inversiones destinadas a la conservación y la restauración de la biodiversidad, acciones de lucha contra el cambio climático, a la implementación de la normativa de residuos o al programa de economía circular. De esta cuantía, 42,4 millones han correspondido a Castilla y León.
En la reunión, según se informa desde la Junta, también se presentó información del borrador de Real Decreto por el que se aprueban las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, sobre el que Suárez-Quiñones demandó un mayor consenso que no se ha producido hasta la fecha, “tanto en la forma de tramitación, que debería haber sido más clara, transparente y garantista en los comités previos y en la posibilidad de participar las autonomías, como en el fondo de las cuestiones abordadas”.
Finalmente, el consejero recalcó la necesidad de que en estos instrumentos se alcance un elevado grado de consenso por parte de las comunidades, que son las competentes en su aplicación, y demandó la búsqueda de ese consenso para que el resultado sea el “mejor técnicamente posible” y pueda lograr una aplicación “más efectiva”, ante lo que la vicepresidenta y ministra se comprometió a promover un trámite en las próximas semanas para hacer posible esa participación.
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