El águila imperial es una de las especies de Castilla y León con un seguimiento más exhaustivo desde hace décadas. Los primeros datos del tamaño de población se obtuvieron a principios de los años 80 del siglo XX, y desde finales de esa década, se comenzó a realizar un seguimiento completo y anual en todos los territorios. En 1989 se censaron un total de 17 parejas, aunque una tasa de productividad muy baja, junto a la muerte de varios ejemplares por electrocución, disparos e intoxicación, llevaron a la especie, con una población mínima histórica de 16 parejas entre los años 1997 y 1999, a un estado crítico.
En el año 2003, la Junta de Castilla y León aprobó el primer Plan de Recuperación para esta especie, y, desde entonces, se han implementado numerosas medidas de conservación , como la alimentación suplementaria en determinados territorios, la monitorización y corrección de la mortalidad provocada por la colisión y electrocución en tendidos eléctricos y la aplicación de prácticas de gestión forestal sostenible a través de instrumentos de planificación y ordenación forestal en los montes públicos y privados.
Como indican los resultados del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León obtenidos para la especie, y realizado por agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y técnicos de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, con el apoyo del personal técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal y de la Fundación Patrimonio Natural, el efecto de las diferentes medidas de gestión y conservación, junto con la recuperación en extensión y abundancia de las poblaciones de conejo silvestre en determinadas áreas de la cuenca del Duero, fue paulatino y en el año 2005 la población alcanzaba los 29 territorios, 46 territorios en 2010, 70 territorios en 2015, y superó el centenar de parejas en 2019. En el año 2022 se contabilizaron un total de 130 territorios en Castilla y León, distribuidos entre las provincias de Segovia (43 territorios), Ávila (43 territorios), Valladolid (23 territorios), Burgos (nueve territorios), cinco en Salamanca, cuatro en Zamora y tres territorios en la provincia de Palencia, aunque el máximo poblacional histórico se registró en 2021, con un total de 131 territorios. El fuerte aumento poblacional en los últimos años ha ido acompañado de un notable aumento del área de distribución, pasando de contar con parejas reproductoras en 16 cuadrículas UTM 10x10 km en 1998, hasta las 93 cuadrículas en 2022.
Estos resultados concuerdan con los publicados por el Grupo de trabajo de la especie en España y Portugal, donde se censaron un mínimo de 841 parejas de águila imperial ibérica entre los años 2021 y 2022 (821 en España y 20 estimadas en Portugal). Estos datos suponen un incremento del 53 % respecto al censo coordinado previo, elaborado en el año 2017, cuando se detectaron 536 parejas y confirman la evolución positiva desde los apenas 39 territorios contabilizados en los años 70 del siglo pasado.
En la actualidad, las presiones más importantes para la especie en Castilla y León están relacionadas con la muerte de ejemplares por colisión y electrocución en tendidos eléctricos, y por otras causas relacionas con actividades humanas, como el uso de venenos para control ilegal de depredadores y especies oportunistas, molestias en época de cría por trabajos de diversa índole, y por presencia humana en áreas aledañas a los nidos. En concreto, entre los años 2000 y 2022 se registraron 197 siniestros de águila imperial (de los cuales 177 tienen identificado el motivo de ingreso) en los Centros de Recuperación de Animales Silvestres de la comunidad. Del total de siniestros conocidos, 16 corresponden con problemas naturales (caída del pollo del nido, debilidad provocada por enfermedad o desnutrición, abandono parental, etc.), mientras que 161 corresponden con causas no naturales (colisión y/o electrocución en tendidos eléctricos, intoxicación por ingestión de venenos, disparos, colisión con aerogeneradores, etc.). Con un 55,4 % de los siniestros conocidos, la electrocución en tendidos eléctricos es la principal causa de mortalidad identificada en la red de centros de recuperación, con un total de 98 casos, seguido por la intoxicación con 38 siniestros.
La tendencia positiva en la población pone de manifiesto la efectividad de las diferentes medidas de gestión y conservación adoptadas y, debido a la permanencia y constante desarrollo de estas presiones, resulta vital mantener los esfuerzos realizados: trabajos de seguimiento e investigación, corrección de tendidos eléctricos peligrosos, continuar con una gestión forestal sostenible, y proteger el hábitat de las zonas de mayor sensibilidad para la especie. Por otra parte, en las últimas décadas, han aparecido nuevos factores de amenaza, como la implantación de proyectos energéticos en los entornos rurales de Castilla y León, por lo que cobra especial importancia la protección del hábitat óptimo para la especie frente a estas transformaciones.
Teniendo en cuenta los cambios ocurridos desde la aprobación del Plan de Recuperación de la especie en el año 2003 en cuanto a su recuperación poblacional, expansión territorial, la mejora del conocimiento sobre la especie y la existencia de nuevas presiones y amenazas, desde la Junta de Castilla y León se está trabajando en la actualización del Plan de Recuperación en vigor, con el fin de adaptar las medidas de gestión y conservación a la realidad actual de la especie.
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