La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural celebró este lunes, 20 de junio, el Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural para presentar el Informe de Ejecución Anual 2021. Además, en el Comité se presentó el progreso alcanzado durante 2022 así como las previsiones de ejecución que se esperan alcanzar a finales de año.
Este programa es el más importante en la planificación financiera en Castilla y León y específicamente se destina a las áreas rurales de la región. Actualmente, el Programa tiene un presupuesto total de 2.261,33 millones de euros.
Comité de Seguimiento
Este órgano está presidido por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural, que es ostentado por Joaquín Sagarra, secretario general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y forman parte del mismo, como vocales, representantes de las consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; Economía y Hacienda; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Industria, Comercio y Empleo y Familia e Igualdad de Oportunidades.
También componen este Comité representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Fondo Español de Garantía Agraria, y de distintas organizaciones regionales, como cooperativas agrarias, organizaciones profesionales agrarias, de la Federación de Asociaciones Forestales y de la Confederación de Organizaciones Empresariales, entre otros.
Además, como miembros consultivos, participan dos representantes de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea.
Más 1.253 millones de euros invertidos a 31 de diciembre de 2021
A 31 de diciembre de 2021 se han ejecutado más de 1.253 millones de euros, que suponen el 55% del gasto total programado.
Hay que destacar la buena marcha en la ejecución de las medidas agroambientales y el apoyo a los agricultores y ganaderos con explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones naturales, con porcentajes de ejecución en torno al 80%. Por el contrario, las ejecuciones más bajas aparecen en las medidas vinculadas a inversión en general y a infraestructuras rurales de forma particular, que, por la necesidad de planificación y tramitación ambiental que conllevan, han tardado más en iniciarse.
Incorporación de jóvenes a la actividad agraria
Dentro del Programa, y en el marco del informe anual, requiere una mención especial la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, un total de 4.169 jóvenes y que han percibido cerca de 130 millones de euros. Estos jóvenes, con carácter general, se incorporan en explotaciones bien dimensionadas con un tamaño medio por encima de las 50 hectáreas, pero también en explotaciones sin base territorial, como es la apicultura. En esta medida es interesante destacar la importancia del instrumento financiero que permite apoyar la compra de tierras al 100%, siendo particularmente interesante para los jóvenes que carecen de garantías.
En la parte de inversión hay que destacar el instrumento financiero de este Programa, nueva forma de apoyo en el marco del Feader en la que Castilla y León ha sido pionera y que permite conceder préstamos garantizados a los titulares de explotaciones agrarias, a los jóvenes que crean empresas en el sector y a las industrias agroalimentarias y forestales. En conjunto, se han formalizado 709 préstamos por titulares de explotaciones agrarias y por jóvenes agricultores, por importe de 114 millones de euros y otros 40 préstamos para las industrias agroalimentarias y forestales por importe de 12 millones de euros.
Formación y asesoramiento de explotaciones
La formación es una medida horizontal que se viene aplicando desde la aprobación de este programa, más de 28.000 personas han recibido cursos de formación o han asistido a jornadas demostrativas, todo ello con una inversión de 3,5 millones de euros.
Asimismo, en las cuatro campañas en las que se ha ofrecido el servicio de asesoramiento a las explotaciones, de 2017 a 2021, han sido catorce las entidades que han prestado el servicio, lo que ha permitido asesorar a un total de 21.229 agricultores, ganaderos y pymes con un importe de gasto ejecutado de 6,7 millones de euros.
Medidas sostenibles y diversificación rural
Respecto a las actuaciones medioambientales, se han destinado, entre otras, 145,6 millones de euros para forestación, actuando en 15.925 hectáreas, y para aplicar medidas preventivas en 33.092 hectáreas de terreno forestal. Además, 228,3 millones de euros se han destinado para prácticas agrícolas con medidas agroambientales en 1,7 millones de hectáreas, con impacto en 18.381 agricultores y ganaderos.
En cuanto a zonas con limitaciones productivas, estas se han visto apoyadas con 193,3 millones de euros, para compensar las rentas de cerca de 25.000 explotaciones profesionales agroganaderas.
Además, a través de la metodología Leader, se está apoyando a 44 Grupos de Acción Local. Hasta 2021, se han destinado 89,7 millones de euros del programa para iniciativas gestionadas por estos grupos, correspondientes a 2.146 proyectos que consiguen crear 1.309 empleos. También se han puesto en marcha medidas concretas para apoyar a 1.081 explotaciones afectadas por al situación de pandemia , a las que se han destinado 5,3 millones de euros.
Dificultades de ejecución del PDR en los últimos años y avances de ejecución en 2022
A pesar del buen ritmo de ejecución del programa, problemas externos como la pandemia y crisis energética agravada por la guerra de Ucrania han incrementado de manera importante el precio de las materias primas de las explotaciones agrarias y de la industria alimentaria así como de la energía, además de generar demoras importantes en la fabricación de los suministros necesarios para acometer las inversiones que van a retrasar las ejecución de las obras.
Por todo ello, la Consejería ha solicitado a la Comisión el estudio de alternativas que permitan flexibilizar la forma de cumplir alguno de los compromisos más vinculados a las medidas inversoras.
En el Comité también se ha mostrado la evolución de la ejecución del Programa en 2022, alcanzando ya la cifra de 1.330 millones de euros, lo que supone el 59% del importe total programado. Esta senda de ejecución permite cumplir las reglas estipuladas para evitar la pérdida futura de fondos.