La detección de continuos focos de distintos serotipos del virus de la lengua azul en distintas zonas de Castilla y León exige actuaciones por parte tanto del Ministerio de Agricultura como de la Junta de Castilla y León según ha informado UPA, que dice que "deberían ir más allá de las medidas preventivas, de control y de aplicación de vacunas al ganado vacuno y ovino".
Desde la organización denuncian "la pasividad de ambas administraciones a la hora de actuar contra uno de los elementos que está provocando más problemas a la cabaña ganadera en temas de saneamiento, como es la expansión descontrolada de todo tipo de fauna salvaje en nuestro territorio.
Ante la constatación de la circulación del virus de la lengua azul por todo el territorio español, nuestra organización agraria reclama que se actúe contra uno de los causantes de esta propagación como es la fauna salvaje, que se ha convertido en el reservorio y en el agente propagador de la enfermedad".
UPA se pregunta, además, "de qué sirve que los ganaderos vacunen vacas, ovejas y cabras contra los distintos serotipos de la lengua azul si la proliferación, cada vez más abundante, de jabalís, corzos y resto de fauna sigue campando a sus anchas por nuestros campos.
Por activa y por pasiva reiteremos que la expansión del virus de la lengua azul sigue causando estragos a las economías de muchos ganaderos titulares de explotaciones familiares, y que los famosos programas nacionales de vigilancia de la lengua azul que buscan controlar la enfermedad no sirven absolutamente de nada si no se ataja el problema de raíz con vigilancia y sobre todo un exhaustivo control de las especies salvajes.
La situación es desesperante para los ganaderos y para los agricultores por la destrucción que provocan en parcelas agrícolas, por ejemplo jabalís y corzos, pero también por la transmisión de enfermedades a la cabaña ganadera. No puede ser que la gestión del medio ambiente y de la fauna salvaje, y por lo tanto su alimentación, dependa en exclusividad de los agricultores y ganaderos fomentando desde ambas administraciones la expansión de todo tipo de fauna".
UPA entiende que existe una Ley del Patrimonio Natural de Castilla y León que habilita a las Administraciones Públicas a establecer pagos compensatorios a titulares que no tengan el deber jurídico de soportar daños generados por la flora y fauna y supongan una lesión efectiva.
Exige, finalmente, políticas de indemnización por daños y además añade que "resulta absolutamente necesario un control riguroso y efectivo de especies silvestres y animales asilvestrados con el fin de minimizar los daños, porque las enfermedades transmitidas por la fauna salvaje, como el caso de la tularemia con los topillos, pueden provocar importantes perjuicios de salud, y en el caso de la lengua azul generar gravísimos daños económicos a los productores".