España, Francia y Portugal han suscrito una declaración conjunta en la que han defendido una Política Agraria Común (PAC) que preste "al menos" el mismo apoyo a los agricultores que a día de hoy, frente a la última propuesta de negociar el presupuesto común para los próximos siete años que plantea un recorte del 14% con respecto a la aportación de los Veintisiete en el ejercicio actual y del 12% en los fondos de Cohesión.
Así lo han destacado los tres países en una declaración conjunta tras la cumbre trilateral en Madrid que el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, mantuvo con sus homólogas francesa, Amélie de Montchalin, y portuguesa, Ana Paula Zacarias, con el objetivo de preparar las próximas citas europeas, empezando por el Consejo Extraordinario de la UE que comenzará este jueves para abordar el Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés).
En la cita de mañana, la Política Agrícola Común (PAC) estará en el centro del debate de cara a fijar el presupuesto de la UE y se prevén unas negociaciones muy duras por las diferencias entre países como España o Francia, que se benefician en gran medida de los fondos regionales y agrícolas, y otros como Alemania o Países Bajos, más partidarios de aplicar recortes a estos fondos.
En este sentido, han recordado la importancia de la política de cohesión, "que debe estar dotada de los medios que le permitan continuar a asegurar la convergencia en Europa", y de la Política Agrícola Común, "que debe prestar al menos el mismo apoyo a los agricultores que a día de hoy".
Durante las negociaciones, defenderán también las características especiales de las regiones ultraperiféricas en las futuras políticas de cohesión, agrícola, de pesca y de asuntos marítimos, incluso en cuanto a intensidad de financiación.
Los tres países desean alcanzar un acuerdo con el fin de garantizar la correcta ejecución de los programas al principio del marco financiero y han recalcado que el presupuesto de la UE "debe ser un instrumento político" para alcanzar sus "objetivos estratégicos y contribuir a la soberanía y la solidaridad europeas".
Así, sostienen que el acuerdo sobre el presupuesto para los próximos siete años "deberá garantizar un equilibrio sobre las políticas históricas en su conjunto" y deberá contribuir a la transición ecológica, "dedicando una parte más ambiciosa de los gastos a la acción climática e incluyendo un objetivo dedicado a la protección del clima y de la biodiversidad", y una sólida dimensión social, "a fin de facilitar el desarrollo del pilar europeo de derechos sociales".
Entre los instrumentos que deben preverse, los tres países desean "una nueva condición horizontal favorecedora" y abogan también por la puesta en funcionamiento "de un mecanismo de protección del presupuesto ante las carencias generalizadas del Estado de Derecho".