Castilla y León contará con un servicio de teleasistencia homogéneo en toda Castilla y León, después del acuerdo al que han llegado la Consejería de Familia, las corporaciones locales y Cruz Roja. La Junta garantiza la continuidad de esta prestación esencial a los más de 24.800 usuarios de este servicio en Castilla y León, en los mismos parámetros de calidad y cobertura actuales.
La Junta asumirá el 65% del coste global de la teleasistencia, mientras que las corporaciones locales aportarán el 35% restante, una vez detraída la aportación del usuario que le corresponda en función de su capacidad económica. La Consejería responde así a la situación de intranquilidad generada entre los municipios y los usuarios, después de que el Imserso decidiera suprimir la financiación de los convenios que mantenía con trece entidades locales de Castilla y León: ayuntamientos de Burgos, de Aranda de Duero, de Miranda de Ebro, de León, de Ponferrada, de San Andrés del Rabanedo, de Salamanca y de Valladolid, así como las diputaciones de Burgos, de León, de Salamanca, de Valladolid y de Zamora.
De esta forma, todos los usuarios de la Comunidad abonarán con arreglo a su capacidad económica un mismo precio de referencia, gratuito si cobran menos del IPREM y nunca más del 90% del coste del servicio, y disfrutarán de unas condiciones básicas de atención, que serán uniformes con independencia de dónde residan. No se trata sólo de homogeneizar los criterios de financiación y de aportación del usuario, sino también de que exista una coordinación entre la Consejería y las entidades locales para dar uniformidad a la atención de esta prestación, según ha recalcado Milagros Marcos.
El acuerdo establece que la Administración Autonómica se compromete a financiar a las corporaciones locales y a garantizar unas condiciones básicas de calidad y de cobertura similares a las actuales en la Comunidad. Cruz Roja, por su parte, revisará los contratos que actualmente están en vigor con las corporaciones locales, con el objetivo de unificar criterios. Y las corporaciones locales aplicarán los criterios de participación del usuario para esta prestación, establecidas por la Junta de Castilla y León. Los firmantes constituirán una comisión de seguimiento para velar por el buen funcionamiento de esta prestación y realizar una evaluación permanente.
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